#SinMordazas

La nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, también conocida como Ley Mordaza, entrará en vigor a las doce de esta noche. Esta ley, sucesora de la Ley “de la patada en la puerta” lleva ya tiempo recibiendo numerosas críticas porque amplía sustancialmente la potestad sancionadora de la Administración Pública a través de una evidente criminalización de la protesta social.

 

Ante su inmediata entrada en vigor, no podemos obviar los elementos principales que convierten esta ley en una de las más injustas y represivas de los últimos años, junto con la reforma del Código Penal y el Pacto Antiterrorista.

 

En primer lugar, esta norma supone una ampliación de las arbitrariedades en materia sancionadora de la Administración, pues está plagada de redacciones difusas y conceptos muy amplios que, lejos de limitar o aclarar supuestos, abarcan situaciones profundamente variadas. Así sucede, por ejemplo, con el ámbito de las identificaciones, ya que tal y como está redactada la ley se amplían las situaciones en las que pueden requerirnos nuestra identificación o, por ejemplo, en el caso de manifestarse cerca del Congreso, el Senado o Asambleas Legislativas cuando haya una “perturbación grave de la seguridad ciudadana”.

 

En segundo lugar, junto con la reforma del Código Penal, la Ley Mordaza camina en pos de la despenalización de determinados supuestos que antes eran faltas y ahora son contemplados como sanciones. Además, se ha ampliado el número de sanciones graves y la cuantía que acarrean: las graves entre 600 y 30.000 y las muy graves de 30.001 a 600.000.

 

Por otro lado, se contempla la denominada "expulsión en caliente" y se establece la reincidencia como agravante si en el período de dos años una persona es sancionada dos veces en vía administrativa (recordemos, sin control judicial), atacando el derecho a la presunción de inocencia.

 

Se contemplan supuestos concretos que están innegablemente ligados a diferentes formas que han tenido los movimientos sociales de manifestarse o protestar: por participar en un desahucio, una persona puede ser sancionada con una cuantía de entre 600 y 30.000 euros; la ocupación o los acompañamientos a negociar con entidades bancarias, aun siendo pacíficos pueden ser multados entre 100 y 600 €.

 

Todo esto, junto con cuestiones de vital importancia como la limitación en el derecho de reunión y manifestación, y una preocupante extensión de la responsabilidad a personas susceptibles de ser considerados los responsables u organizadores de una manifestación, nos lleva a la clara conclusión de que lo que con la Ley Mordaza se pretende es una criminalización de la protesta social y un preocupante incremento de la arbitrariedad de la Administración a la hora de ejercer el poder coercitivo sancionador en detrimento del control judicial.

 

Este incremento en la capacidad punitiva de la Administración, convirtiendo al ciudadano en “enemigo”, supone un importante retroceso en las libertades y en las garantías, en una legislatura plagada de recortes en derechos y libertades, ahora se pretende a través del miedo y la arbitrariedad que las personas y colectivos no ejerzan sus legítimos derechos de manifestación y protesta.

 

#SinMordazas #30JYoVoy