Una nueva ley del voluntariado de Madrid para la galería

Construyendo redes

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado 10 de julio un proyecto de ley del voluntariado, que pretende sustituir a la anterior de 1994, y solicitó, además, que se incorporara entre los “asuntos de inclusión urgente” de tramitación parlamentaria. Este acuerdo, como nos acostumbra la maquinaria de propaganda de Ignacio González y Salvador Victoria, fue publicitado hasta la saciedad como una “apuesta por la sociedad civil”, al tiempo que se esgrimía el total apoyo de las organizaciones sociales de este ámbito. Tres meses después de su aprobación y utilización mediática podemos concluir que se trata de una nueva tomadura de pelo del PP madrileño, gestionada además de forma chapucera e improvisada.

El proyecto de ley aporta pocas novedades con respecto a la ley anterior; es cierto que introduce algunas mejoras en la redacción pero suprime entero el título referente a la participación, en coherencia con la obsesión del PP de eliminar los escasos cauces de apertura a la ciudadanía existentes en la gestión de las políticas públicas. Con la excusa de “trasladar el máximo de competencias en la regulación de las relaciones entre voluntario y organización del voluntariado al libre acuerdo entre las partes” se propone una nueva redacción que no conlleva ningún avance significativo y que adelgaza el papel del Gobierno regional en la cobertura en este ámbito, en especial en lo relativo a la formación, lo que supone un mal augurio a la Escuela del Voluntariado, una institución que ha venido funcionando de manera eficaz y ha sido muy bien valorada.

Sin embargo, esta manifestación del laissez faire liberal tan querido por el PP en su ataque a las posibilidades de intervención pública, se acompaña por dos nuevas apuestas del proyecto que abren la vía del voluntariado en las empresas privadas y las administraciones públicas. Parece evidente que voluntariado social y el ánimo de lucro son como el agua y el aceite, y que el riesgo de utilizar el voluntariado para sustituir empleo público, en el actual contexto de recortes, no es una alarma injustificada. El proyecto de ley de esta forma institucionaliza unas formas de voluntariado que requieren de mucha reflexión y que no tienen el consenso social requerido. En conclusión, nos enfrentamos a un intento de imponer la mercancía averiada del neoliberalismo con el bonito envoltorio del voluntariado social.

Que el PP quiera llevar a cabo su ideario no me escandaliza, pero lo que no se debería admitir bajo ningún concepto es la utilización engañosa y fraudulenta de las instituciones públicas. Esta utilización se ha puesto de manifiesto con la petición de comparecencia de la Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM), solicitada por el grupo parlamentario de Izquierda Unida – Los Verdes en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid. Parecía de cajón, máxime cuando el Gobierno arguyó en público el pleno apoyo de esta plataforma al proyecto de ley, que la Comisión pudiera escuchar sus argumentos y formular preguntas sobre su contenido. Sin embargo, el PP, aprovechando por primera en la legislatura su mayoría absoluta en la mesa, vetó la comparecencia sin ninguna explicación convincente. Un escándalo sin precedentes.

Este escándalo pone de manifiesto la utilización partidista de las instituciones y porqué se grita cada vez con más fuerza en las calles eso de “lo llaman democracia y no lo es”. Todo indica que el PP abandonará su proyecto de ley o lo aparcará hasta que la ley estatal no acabe de ser aprobada. Así no podemos continuar. No es que los mecanismos de participación ciudadana sean escasos y formales, es que las instituciones de representación se han deformado de tal manera que no cumplen con su función y se han convertido en un esperpento. Una razón de más para luchar por un cambio constituyente, que suponga dar una patada al bipartidismo y al marco de actuación política, ya que sólo con unas nuevas reglas de juego se podrá avanzar en la recuperación democrática que necesita nuestra sociedad.