Luchar por el empleo desde el Ayuntamiento de Madrid

Acto de campaña en Villa de Vallecas. Foto de Agustín Millán

Una de las medidas votadas como prioritarias en el programa de Ahora Madrid fue la de “Parar la privatización de los servicios públicos, la externalización de servicios municipales a grandes empresas y la venta de patrimonio público”. La ciudad de Madrid tiene unos 250.000 trabajadores en paro, un 16% de la población activa. El paro se reparte de forma tan desigual como la riqueza, castigando especialmente a los barrios con mayor presencia de familias trabajadoras. Todos los distritos del sur de Madrid están por encima de la media. El porcentaje de desempleo en Vallecas o en Villaverde es más del doble que en Chamartín o Salamanca. Los 11 distritos con una tasa de paro por encima de la media suponen el 65% de todos los trabajadores sin empleo de la ciudad. El paro y la precariedad son la causa de la pobreza creciente que afecta cada vez a un número mayor de familias. Por supuesto, el Ayuntamiento no puede resolver todo el problema del desempleo ni las lacras sociales que arrastra esta sociedad, pero puede pasar de ser parte del problema a ser parte de la solución y convertirse en un bastión más para garantizar unas condiciones de vida dignas a la mayoría de la sociedad, en lugar de facilitar el enriquecimiento de una minoría.

El consistorio madrileño daba empleo en 2012 a 36.784 trabajadores públicos, entre la plantilla del Ayuntamiento y Organismos Autónomos (26.000), Empresas municipales y Empresas mixtas. Además, las contratas privadas dan empleo a 13.500 trabajadores. Así pues, estamos ante una de las principales “empresas” de Madrid, si no la mayor. Desde 2009, se han destruido más de 5.000 empleos en el Ayuntamiento y en las empresas privadas que prestan servicios públicos. Todo esto implica condenar a miles de familias trabajadoras a la miseria y a los ciudadanos a unos peores servicios municipales. En limpieza viaria y jardines se pretendía eliminar 1.400 puestos de trabajo y sólo la lucha de los trabajadores ha logrado, en parte, evitarlos. La derecha ha puesto el erario municipal al servicio de las grandes empresas. El Ayuntamiento ha concentrado la prestación de servicios públicos en seis grandes contratos integrales, en beneficio empresas como FCC, Ferrovial o Valoriza. Todo eso es entregar negocio a empresas privadas, en perjuicio de los trabajadores (que sufren despidos y reducciones de salarios, además de peores condiciones de trabajo) y de los vecinos y vecinas que tienen un peor servicio, como se ha podido ver con la limpieza. Sería más barato, permitiría tener un empleo con derechos y estable, y un servicio de mucha mejor calidad, si lo prestara de forma directa el Ayuntamiento, dado que ahorraría el beneficio empresarial.

El Tribunal de Cuentas en 2011 señaló que la gestión privada mediante concesiones, sobre todo en las grandes ciudades, era menos eficiente y más costosa que la gestión 100% pública. En el caso de la limpieza viaria decía: “El servicio de limpieza viaria de los pueblos y ciudades españolas tiene un coste medio de 18,01 euros por habitante, 16,23 euros si lo gestiona directamente el municipio y 27,83 euros (un 71% más) si el servicio lo presta una empresa a través de una concesión o concierto con la administración.” En el caso de las grandes ciudades, el coste de la concesión o concierto puede alcanzar los 31,19 euros por habitante. El ejemplo de la ciudad de León, donde después de 20 años de gestión externalizada, el Gobierno municipal decidió en el año 2012 remunicipalizar el servicio de recogida de basura, pasando su coste anual de los 23 millones del año 2011 a los 11’5 millones, sin disminuir la calidad del servicio ni las plantillas, con un ahorro de más del 50%. En el caso de la Madrid, hay estudios que demuestran que la ayuda a domicilio en manos privadas supone un 15% más que lo que supondría tener el servicio municipalizado, o los centros culturales un 6% más. Tomando como referencia esos ejemplos y estimando un ahorro del 25%, si los servicios municipales que ahora gestionan grandes empresas privadas (que se llevaron casi el 80% del capítulo 2 de gasto en bienes y servicios, que ascendió a 1.624 millones) los prestara directamente el Ayuntamiento, el erario municipal habría dispuesto 325 millones de euros en 2014. Estamos hablando de una enorme cantidad de dinero. Eso permitiría mantener unas plantillas más acordes con las necesidades reales, con empleo en condiciones dignas y un servicio de más calidad.

¿No dicen que hay que ahorrar dinero? Pues que dejen de subvencionar a costa del erario público, de los vecinos y vecinas, y de los trabajadores a las grandes empresas. Si eso lo sumamos a la aplicación del impago de la deuda municipal (unos 500 millones anuales de servicio), podemos estar hablando de disponer de unos 800 millones de euros. El gasto en personal del Ayuntamiento (sin empresas municipales ni mixtas) supuso en 2014 unos 1.260 millones de euros para una plantilla de 26.000 trabajadores, por lo que nos hacemos una idea de la repercusión que el uso de ese dinero podría tener en el empleo y los servicios sociales. Hemos de tener en cuenta que, según han denunciado los sindicatos de forma reiterada, en el caso de la limpieza viaria se están incumpliendo los pliegos de condiciones establecidos, pero el Ayuntamiento no está aplicando, ni de lejos, las sanciones previstas en los mismos. Finalmente, hemos de tener en cuenta que, el hecho mismo de mantener unos servicios privatizados es ya un perjuicio para los vecinos y vecinas dado que son más caros, dan peor servicio y, para colmo, perjudican la creación de empleo digno y de calidad. Ante la incapacidad palmaria para la “iniciativa privada” de acabar con el desempleo, que ha devenido crónico, es evidente que el sector público tiene que ser el motor de la creación de puestos de trabajo en nuestra ciudad.

El Consistorio madrileño puede contribuir de forma muy importante a lograr el pleno empleo, en condiciones dignas. Para ello debe actuar en varios frentes, como abrir una auditoría exhaustiva del cumplimiento de los pliegos de condiciones de las contratas de los servicios municipales, para proceder a su inmediata rescisión en caso de incumplimiento. Así mismo, esta auditoría deberá establecer si los contratos se hicieron de forma adecuada para los intereses del Ayuntamiento y de los vecinos y vecinas, sin aceptar bajas temerarias o aceptando condiciones en beneficio de las empresas y lesivas para el interés del consistorio y de la ciudadanía. A partir de aquí recuperar empleo público, reforzar plantillas, expandir servicios de los que tanta necesidad hay. Al mismo tiempo se debe facilitar la iniciativa social, facilitando recursos e instalaciones del Ayuntamiento, y hacer de la Agencia para el Empleo de Madrid un organismo con una incidencia real en nuestra ciudad.