Sobre la forma de elegir vocales en el CGPJ

Foto en un debate televiso en Fort Apache

Izquierda Unida ha votado en contra de la proposición no de ley que presentó UPyD en la Asamblea de Madrid y que titularon “sobre la independencia del poder judicial”. Mejor sería denominarla, según la defensa expresa en el texto de la propuesta inicial de Gallardón (durante la reciente reforma de la LOPJ) y el PP (como lo hizo el Presidente Ignacio González se sumaba eufórico a su modelo), proposición no de ley “sobre el monopolio en el gobierno de la Justicia de jueces y magistrados” que, a mi juicio, son dos cosas bien distintas.

La transformación de la Justicia es un aspecto clave del avance democrático en nuestro país. Un aspecto clave de ese proceso constituyente que defendemos para construir una democracia real. Y el dilema central que introduce este debate es, precisamente, desde nuestro punto de vista, la opción de un gobierno de los jueces sometido a la soberanía popular, frente a un modelo corporativista y de casta, de jueces haciendo y deshaciendo su propio negociado.

Para profundizar en lo que nos referimos es necesario hacer un esfuerzo de delimitación de conceptos. Desde un punto de vista teórico lo de la separación de poderes es una ficción. El poder social lo detenta una minoría que desde la propiedad de la mayoría de los medios de producción y reproducción domina la economía, la política, la Justicia y hasta la ideología.

Cuando hablamos de una Justicia para los ricos constatamos una realidad que la mayoría de la sociedad percibe de forma bien clara: quien tiene dinero tiene muchas más oportunidades de quien no lo tiene. La pura y cruda realidad es que quien contrata a un bufete de abogados tiene muchas más posibilidades de quien acude a la Justicia Gratuita.

Pero desde un punto de vista político, constitucional, la separación de poderes hace referencia a las funciones que desempeñan diversos órganos del Estado, sometidas todas a la única fuente de legitimidad que existe en una democracia: la soberanía popular.

Y la soberanía popular se expresa mediante elecciones periódicas y otros mecanismos de participación ciudadana, no hay otro modo de hacerlo. Y si UPyD lo tiene que lo diga.

Para que esa soberanía popular no sólo se exprese sino para que, además, sea efectiva, para que la democracia sea real, hay que expropiar a esa minoría que domina la economía, la política, la Justicia y la ideología. Porque sin igualdad no hay democracia posible.

Pretender, como hace UPyD con su proposición no de ley, que entreguemos en exclusiva la gestión de una función esencial del Estado a un grupo de funcionarios, no sólo atenta contra la soberanía popular sino que refuerza el poder y la impunidad de esa minoría privilegiada que domina los resortes del poder económico, social y político, y también la Justicia.

Por razones que igual suenen políticamente incorrectas pero que son bien reales y palpables para la mayoría de la gente:

  • Las políticas aplicadas en los últimos años han supuesto un refuerzo sin precedentes del carácter de clase de la Justicia.
  • Las tasas son el último asalto en esta dirección clasista y excluyente, lo que, junto a la privatización que se pretende hacer de los actos de comunicación y ejecución, nos lleva a una Justicia de los ricos para los ricos.
  • Un carácter de clase basado en el mecanismo de selección de jueces y magistrados. Sólo unos pocos privilegiados pueden dedicar un mínimo de cinco años a preparar unas oposiciones. Ya lo hemos denunciado en otras ocasiones, los codos de la presidenta Aguirre no rinden igual en el hijo de un magistrado que en el de un trabajador.
  • Un carácter de clase que se refuerza con la endogamia y el corporativismo.
  • Y un carácter de clase que se refleja también en el caduco imaginario feudal y en un  lenguaje antediluviano e incomprensible para la mayoría social.

En este contexto, decimos no con rotundidad a instaurar un autogobierno de los jueces sin sometimiento a la soberanía popular. Necesitamos acercar la Justicia a la ciudadanía. Necesitamos más democracia. Necesitamos que se entienda que la Justicia y su gobierno es cuestión de todos, no de unos profesionales especializados.

No nos gusta el modelo del actual CGPJ pero el remedio que propone UPyD es peor que la enfermedad. Y el tufillo a la alusión al partidismo sospechoso. Porque, además, confunden la separación de poderes, o de funciones del Estado, con la independencia judicial y eso es un error tan evidente que no puede ser causal. La independencia de un juez la garantiza su inamovilidad y la ausencia de directrices jerárquicas a la hora de aplicar la ley.

Criticar el carácter de clase de la Justicia no quiere decir en absoluto que se cuestione la integridad de jueces, magistrados, secretarios y del resto de los operadores. Que un juez sea independiente no depende de cómo se elija el CGPJ. Si. Puede incidir en la independencia de algunos tribunales, sí, pero ese peligro no se elude con el modelo que implícitamente propone UPyD.

Esta crítica a la PNL de UPyD no quiere decir que estemos en IU de acuerdo con la actual forma de gestionar la Justicia y de elegir los vocales del CGPJ. Con esto quiero decir que entregar el gobierno de los jueces a los jueces es tan peligroso como someter la Justicia a un control partidista que se denuncia en la PNL.

No queremos impunidad para banqueros ni para políticos corruptos, no queremos impunidad para especuladores ni para los que dilapidan el patrimonio público, pero tampoco queremos impunidad para jueces ni magistrados que prevariquen, abusen de su poder o utilicen en su provecho la Justicia. Sin duda hay muchas razones para criticar la gestión de la Justicia que ha llevado a cabo el bipartidismo del régimen. Sin duda. El modelo que hemos tenido de Consejo General del Poder Judicial ha fracasado. El resultado ha sido su percepción negativa por la ciudadanía y el descrédito de la institución.

Nuestra propuesta es un gobierno de la justicia abierto a la ciudadanía. No debiera ser únicamente de jueces ni de grupos parlamentarios. Deberían articularse mecanismos de participación y propuesta de los ciudadanos.