La contrareforma local y los servicios sociales

Rebelión democrática

El martes 3 de junio se realizó una comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid para conocer las propuestas del Gobierno regional ante el Plan Concertado de Servicios Sociales de Atención Primaria en 2014, ya que tras la aprobación de la ley que llamaron de “racionalización” y “sostenibilidad” de la administración local, se ha generado una gran incertidumbre en los ayuntamientos a la hora de interpretar el alcance de las prestaciones y servicios que deben ofrecer los municipios en materia de servicios sociales. El mayor temor de este proceso son las dificultades de financiación para la adecuación de los servicios sociales que debe concluir antes del 31 de diciembre de 2015. Lo lógico en un Gobierno responsable hubiera sido prever las consecuencias de sus actos y planificar su impacto de acuerdo con los objetivos que pretende alcanzar. Pero no lo han hecho y por eso estamos ante esta incertidumbre.

Decíamos que es importante conocer el planteamiento del Gobierno regional ante el Plan Concertado de Servicios Sociales de Atención Primaria para 2014, no sólo por seguridad jurídica, para planificar mejor la gestión de recursos escasos, sino porque atravesamos una situación de emergencia social. Nunca estuvo justificado, pero hoy aún menos eso de “vuelva usted mañana” y menos en servicios sociales. Lo dice Caritas, organización nada sospechosa de revolucionaria a pesar del enfado del ministro Montoro, aumenta la pobreza y la exclusión. Aunque no la veamos porque como decía Quevedo la pobreza tiene cara de hereje, se oculta por vergüenza; hay un gran manto de invisibilidad pero la dramática realidad de muchas familias requiere de servicios sociales, de un Estado que les atienda. Y es en la atención primaria y en los municipios, en los barrios, donde unos buenos servicios sociales pueden evitar que se sobrepase la cada vez más delgada línea entre la pobreza y la exclusión social.

Los desahucios han subido en el último año, el paro baja muy poquito y lo que desciende sin género de dudas es el número de personas con prestaciones o subsidios. Frente a esta realidad, la competencia municipal de “Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social” está en riesgo. En plena crisis, con los servicios sociales saturados, al Gobierno no se le ocurre otra cosa que redefinir el sistema de competencias. ¿Para mejorar la cobertura? Si fuera así ¿por qué no lo hicieron antes? No, lo han hecho como un recorte más, para presentar a la Troika los deberes hechos. Según un reciente informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, según datos oficiales, entre 2010 y 2012, en lo más álgido de la crisis, se ha producido un recorte de un 17 % en esta materia.

Pero produce mayor preocupación la perspectiva inmediata. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales las Comunidades Autónomas deben establecer normativamente la composición de los equipos profesionales, así como los ratios de cobertura para su implantación en el territorio, con sus correspondientes equipamientos, así como del resto de prestaciones y servicios. Ahora bien, la madre del cordero es la financiación de las competencias “propias” de los municipios. Cada administración debe tener la responsabilidad y la capacidad de financiar por si misma lo que la ley establece que son competencias propias. Por eso este nivel competencial de los municipios en materia de servicios sociales debería ser tenido en cuenta para determinar su sistema ordinario de financiación. Sin embargo, la reforma local del Gobierno se ha elaborado antes de modificar el sistema de financiación municipal, de manera que no se han evaluado ni contemplado las necesidades que conlleva este nivel de competencia en servicios sociales, poniendo en serio riesgo su futuro.

Dice la Asociación de Directoras y gerentes que es un buen momento para recordar una tradicional reivindicación del sector,  una ley de servicios sociales que establezca un nivel básico común para todas personas en cualquier lugar del Estado. Desde Izquierda Unida estamos de acuerdo, aunque también creemos que hay que ir más allá, que el problema es la insuficiente garantía de los derechos económicos y sociales en nuestra Constitución. Por eso defendemos un proceso constituyente, por democracia y para acabar con instituciones medievales como la monarquía, pero también para avanzar en instrumentos concretos que conviertan la retórica social en una realidad cotidiana.

El enfoque del Gobierno y los partidos del régimen es el de los recortes, eliminar competencia con la excusa de racionalizar la administración y, de esta forma, quitarse de en medio compromisos engorrosos. Nuestro enfoque es el de la garantía constitucional y legal de unos derechos vitales básicos, porque el problema real no es que hay administraciones que se meten donde no les llaman, las llamadas duplicidades, el problema es que cada vez hay más gente que sufre el impacto de la crisis desamparada.