La ciudad de la especulación

Concentración contra la Ley de Justicia Gratuita de Gallardón

La semana pasada al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonzalez, no se le ocurrió otra cosa que anunciar el relanzamiento del Campus de la Justicia como una de sus propuestas estrella en lo que se conoce como el debate sobre el estado de la región. Una tomadura de pelo y, lo que es más grave, una clara apuesta programática por la especulación como única receta para Madrid.

El proyecto del Campus de la Justicia es la constatación de un auténtico dislate por la propaganda descarada y la enormidad de los gastos que, incluso antes de poner la primera piedra, incurrió el Gobierno del PP (se invirtieron 1,4 millones de euros en las ceremonias y los anuncios previos, según una investigación de El País de abril de 2007).

Días antes del debate sobre el estado de la región, se liquidó la sociedad pública que gestionaba el proyecto y conocimos que se habían dilapidado más de 120 millones de dinero de todos los madrileños, cantidad a la que hay que sumar el conjunto de deudas que están dentro del plan de acreedores para poder atender las reclamaciones de aquellos que han invertido ya sus servicios en este proyecto.

Si alguien tiene alguna duda de la utilización publicitaria que ha hecho el PP con el dinero de todos los madrileños, recomiendo la consulta del libro Campus. Imágenes de la justicia, editado por la Comunidad de Madrid en 2008, editado con todo lujo, donde en el prólogo que hace el que era en ese momento vicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, presenta el megaproyecto, alaba el liderazgo de uno de sus realizadores, el más que bien remunerado arquitecto Norman Foster, y se ensalza la ambición de la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre. Un escándalo cómo se puede utilizar el dinero de todos sin una sanción penal; si lo comparamos con el otro proyecto estrella del PP madrileño, al menos la Calle 30 está construida.

La gestión de este megaproyecto ha sido la manifestación de una política totalmente errática. Durante esta legislatura, el Gobierno regional en cada debate de la Asamblea de Madrid ha cambiado el punto de vista de cuál iba a ser la mira de su actuación: primero renunció definitivamente al proyecto; luego que no, que era sólo una paralización temporal; después que ya estaba en conversaciones con un fondo norteamericano al que ofrecía la oportunidad de negocio que suponía la construcción del Campus de la Justicia; más tarde que se priorizaba el eje Castellana-Gran Vía para atender la necesaria concentración de sedes judiciales; y ahora que sacarán a concurso la construcción de las sedes judiciales con los fondos que ahora se destinan al alquiler de los juzgados y tribunales.

Con la situación que vive la Justicia madrileña de precariedad, recortes y deterioro progresivo (en especial de sus instalaciones), este anuncio es un insulto al sentido común: ¿dónde se celebrarán los juicios si se dejan de pagar los alquileres hasta que estén construidos todos los edificios?

Con todo lo más grave es la apuesta reiterada del PP por la especulación con los terrenos públicos y la privatización de la Justicia con un modelo de gestión que condicionará las políticas públicas durante años. Lo hemos visto estos días con la renuncia de Ana Botella a presentar su candidatura a la alcaldía de Madrid, da lo mismo quien se postule, la clave es el resultado de estos años de gestión del PP, la deuda y los contratos blindados con los especuladores.

Por eso la izquierda y quienes estamos comprometidos en espacios de unidad popular como Ganemos Madrid, no debemos perder demasiado tiempo en la perspectiva electoral (no digo que no se haga, digo que no puede ser el centro de la actuación) y centrarnos en la construcción programática y la organización de una fuerza social capaz de cambiar de rumbo, socavar los entramados de intereses y diseñar una estrategia de gobierno que deberá enfrentarse a una herencia diseñada para que sigan ganando los mismos. Una candidatura puede ganar unas elecciones, pero para recuperar nuestra Comunidad y nuestras ciudades de la especulación necesitamos una fuerza social capaz de imponer un cambio de políticas.