Proposición para la retirada del proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

Fecha: 
Jueves, 12 Junio, 2014 - 20:00
Lugar: 
Intervención en la Asamblea de Madrid

El artículo 119 de la Constitución establece que “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. A pesar de que la exposición de motivos parte del citado artículo 119 de la CE que proclama la gratuidad de la justicia, el texto del Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita apunta precisamente en sentido contrario, cuestionando rápidamente esa garantía. El Proyecto de Ley es muy deficiente, incompleto y sumamente injusto, pues nuevamente el Gobierno lo intenta sustentar en la desconfianza y la sospecha  sobre la ciudadanía. Al igual en anteriores ocasiones, el Proyecto de Ley arranca sin el más mínimo consenso con los operadores jurídicos y sin dialogo alguno con los grupos parlamentarios. Por eso hemos presentado en la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley para que se pida la retirada del proyecto; a ver que hace el Gobierno regional que tanto ha criticado a Gallardón en esta materia.

El Proyecto de Ley  es un ataque más al servicio público y no garantiza la financiación pública suficiente para el mantenimiento del sistema de justicia gratuita, derecho constitucional con base en el artículo 119 CE en conexión con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24.2 CE, que contempla como parte del mismo la asistencia y defensa de letrado. En primer lugar, el alcance y la configuración del derecho de acceso a la Justicia se vinculan a la existencia de los recursos presupuestarios suficientes para su sostenimiento, condicionándolo contra la estricta previsión constitucional y abriendo la puerta a que en algún momento se considere que el acceso gratuito a la justicia es económicamente inviable, con la consiguiente expulsión de la mayoría social del sistema de justicia.

Por otra parte, como señalábamos anteriormente, el Gobierno justifica este nuevo recorte en el abuso  que hacen los ciudadanos de los servicios públicos (excusa que ya se utilizó para imponer las tasas judiciales, recortar prestaciones sanitarias o la percepción del desempleo entre otros muchos ejemplos). Sin ofrecer ningún dato concreto  y  sin siquiera una estimación sobre el impacto económico  en el presupuesto público de los supuestos abusos, el Ministerio de Justicia vuelve a acusar a la ciudadanía de colapsar el sistema, y, salvo en el orden penal, limita a tres las solicitudes de justicia gratuita que una persona puede plantear en un año, sea cual sea su situación o sus argumentos.

En cuanto a la vinculación entre el derecho de justicia gratuita y las tasas judiciales, ya presente en el debate de la Ley 10/2012, recordemos que el Ministerio de Justicia utilizó este derecho como excusa para la introducción de unas tasas injustificadas, abusivas y muy limitadoras del acceso a la tutela judicial, sin que a día de hoy se haya justificado cómo han revertido los ingresos por tasas judiciales en la garantía de un derecho de asistencia jurídica gratuita (por otra parte, principalmente gestionado por las administraciones autonómicas) que ahora se ve también recortado por el nuevo Proyecto de Ley.

Según el Proyecto “las nuevas tasas judiciales suponen un incremento de los costes procesales”, lo que supone un reconocimiento tácito de que la generalización de las tasas judiciales ha impedido indiscriminadamente a gran parte de la sociedad la reclamación de sus legítimos derechos e intereses ante la Administración de Justicia y ha generado una brecha social infranqueable entre quienes pueden asumir el pago de la tasa y quienes no, sin importar los fundamentos de sus pretensiones ni su derecho a plantearlas. Nuestro Grupo Parlamentario reitera el rechazo frontal a la vinculación del derecho a justicia gratuita a la Ley de Tasas, una norma con amplio rechazo social, político y judicial. Sin olvidar que es una Ley cuestionada ante el Tribunal Constitucional, pendiente de resolución de los cinco recursos de inconstitucionalidad presentados y varias cuestiones de inconstitucionalidad.

En esta misma línea no deja de llamar la atención el escalonamiento del derecho de justicia gratuita en el orden social. En el caso de que este Proyecto de Ley no se devuelva al Gobierno o termine su tramitación sin importantes  cambios sobre el texto actual,  los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, a los que se reconoce el derecho para demandar pero no para interponer recursos de suplicación o de casación, pasaran a abonar tasas para recurrir sentencias por despidos, modificaciones laborales, incapacidades, reclamaciones de cantidad, sanciones y un largo etcétera.

El Proyecto de Ley manifiesta su voluntad de que la ciudadanía sea consciente de la importancia (y coste, se sobreentiende) de los servicios que se le prestan, lo que lleva más a pensar en términos de “beneficencia” que de derecho (lo que anteriormente se llamaba el “beneficio” de justicia gratuita). Además, insiste en que el ciudadano debe estar informado de la posibilidad de solucionar sus problemas en vías alternativas a la judicial, centrándose en la opción por la mediación como forma de acoger las previsiones de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

No podemos dejar de considerar cínico que toda la adaptación de la normativa europea pase por informar de las bondades de la mediación sin garantizar a la ciudadanía un sistema público de mediación, gratuito y de calidad. De hecho, la Exposición de Motivos advierte expresamente que la obligación de informar al solicitante del derecho de justicia gratuita de la posibilidad de mediación o de otra vía extrajudicial no significa que la Administración asuma los gastos generados en la sesión informativa inicial del proceso de mediación civil o mercantil, los cuales deberá satisfacer el solicitante si finalmente no se le reconoce el derecho de justicia gratuita. Con ello se deriva a la persona en situación de solicitar este derecho a un sistema de pago desde la primera sesión.

La falta de recursos es la última expresión de la voluntad política de un Gobierno que parece haberse marcado el objetivo de desmantelar el servicio público de la Justicia. Frente la necesaria optimización de recursos personales y materiales, la modernización de la Administración de Justicia como servicio público eficaz, de calidad, ágil y accesible para la ciudadanía, el Gobierno la consolidación de una estructura anquilosada, ineficaz y estéril, lastrada por los recortes y las privatizaciones.   

El Proyecto de Ley afecta gravemente al papel fundamental de los abogados y abogadas en el sistema de justicia gratuita, entre otras cuestiones, prevé que deba asumir los costes de una defensa cuyo cobro va a ser imposible al encontrarse el cliente en paradero desconocido o resultar insolvente y no haber obtenido el beneficio de la justicia gratuita por haber aportado la documentación necesaria para ello. Sin embargo se burocratiza el sistema de manera absolutamente innecesaria, lo que va a suponer un incremento de los costes. Igualmente supone un ataque frontal contra la independencia y libertad de criterio de los abogados en el desempeño de su función de defensa.