Debate Proposición de Ley sobre Memoria Democrática

Fecha: 
Jueves, 24 Abril, 2014 - 16:00
Lugar: 
Debate en la Asamblea de Madrid sobre Memoria Democrática

En noviembre de 2013 el Comité de la Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada emitió un informe que expresaba preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo e instaba al Estado Español a cumplir con la “obligación” de buscar a los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura franquista; en el mismo recomendó a las distintas administraciones públicas españolas que asignasen “los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes”. En este informe el Comité insta al Estado español a colaborar “en todo lo necesario” con las autoridades de otros países que estén investigando estos casos, como ocurre en Argentina en el proceso sobre la extradición de dos acusados de torturas durante el franquismo.

En la misma línea, Amnistía Internacional recuerda en su informe El tiempo pasa, la impunidad permanece que la ausencia de investigación de los crímenes de la guerra civil y el franquismo constituye un incumplimiento por España de su obligación de poner fin a la impunidad y de garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación en el caso de crímenes de Derecho internacional.

A comienzos de año Naciones Unidas ha vuelto a lamentar la falta de colaboración de las instituciones del Estado a la hora de recuperar la memoria democrática en España. El Relator Especial de la ONU para la promoción de la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, al concluir su visita oficial a España destacó que existe una distancia inmensa entre las posiciones mantenidas por la mayor parte de las instituciones del Estado, por un lado, y las víctimas y diferentes asociaciones memorialistas por el otro; las autoridades parecen indicar que, en la medida de lo posible, las demandas de las víctimas están siendo atendidas y, sin embargo, las víctimas y las asociaciones se sienten insuficientemente reconocidas y reparadas. En sus recomendaciones, el Relator Especial se dirige expresamente a los diferentes niveles de gobierno demandándoles que reestablezcan y aumenten los recursos dedicados a la memoria histórica.

Sin embargo, en vez de avanzar en esta dirección, en los últimos años se han presenciado actos y declaraciones que atentan de manera flagrante contra la dignidad de las víctimas del franquismo, como es el mantenimiento de simbología y la nomenclatura franquista en pueblos y ciudades de nuestra Comunidad.

Por todas estas razones, la Comunidad de Madrid debe dar un paso decidido en su desarrollo normativo en materia de memoria democrática. La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (conocida como Ley de Memoria Histórica), a pesar de sus insuficiencias, establece un conjunto de mandatos para el conjunto de las administraciones públicas. Estos mandatos deben ponerse en marcha en la Comunidad de Madrid con un adecuado marco normativo.